La medida afecta a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían ingresado a territorio estadounidense bajo la figura legal de «parole humanitario.»
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como «parole humanitario». La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
La máxima corte estadounidense concedió la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Brown Jackson y Sotomayor disintieron. Advierten de las «consecuencias devastadoras» de poner en peligro «las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales legales siguen pendientes», según el documento. «El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación. (El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables,» escribieron.
«Los migrantes se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen, sufrir una separación familiar y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso. Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (…) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva», argumentaron las magistradas.
Las organizaciones de defensa de los migrantes también criticaron el fallo. “Es la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas, y forma parte de un intento más amplio del poder ejecutivo de justificar nuevas medidas represivas contra las familias en todo el país. El Gobierno no demostró ningún daño remotamente comparable al que se producirá si medio millón de personas pierden sus empleos y se ven sujetas a la deportación”, dijo Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, en un comunicado.
Fuente: Página 12