La explotación y trata de personas con fines laborales no es retórica
La administración Milei eliminó el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, a través del Decreto 1048/2024, con un argumento banal: “Este sistema que se implementó a partir del mes de febrero de 2022 se volvió sumamente oneroso debido a los costos de mantenimiento, asesoramiento e impuestos bancarios”, respondió el Ministerio de Justicia ante una consulta formulada en el último informe de Jefatura de Gabinete presentado en el Congreso de la Nación.
Entre 2022 y 2024, este Fondo Fiduciario tuvo participación en 26 causas judiciales con una asistencia a las víctimas de trata por 11 millones de pesos. A Milei y Cúneo Libarona, les pareció poco “productivo”. En vez de apuntar a los retrasos en las investigaciones judiciales – con la hipótesis de que podrían haberse incrementado los expedientes atendidos y por ende, una mayor asistencia a las víctimas-, la decisión oficial fue eliminar el programa. Algo así como esconder la tierra debajo de la alfombra. Los casos de trata de personas con fines laborales o sexuales no desaparecen ni se derogan.
“En nuestro país, casi el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situaciones de explotación laboral”. Esto es lo que comunica actualmente el Estado nacional, desde la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Petovello. No alcanzan los giros retóricos de Milei ni los aplausos y risotadas de los empresarios para ocultar el horror de lo que implica la explotación de personas.
En 2024, de un total de 332 denuncias recibidas en la línea 145 (gestionada desde el Ministerio de Justicia), 73 casos correspondieron a casos de explotación laboral y otros 23 catalogados como posible captación – oferta laboral engañosa. Las denuncias por explotación sexual llegaron a las 102.
“Cabe aclarar que para el caso de la categoría “posible captación”, muchas veces se desconoce la finalidad de explotación y lo que se relata son circunstancias sospechosas como por ejemplo la convocatoria a un empleo”, puede leerse en el informe “Trata de Personas y Víctimas con Discapacidad. Actualización jurisprudencial y datos estadísticos”, elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Milei disolvió el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata con el argumento de que atendía pocas causas judiciales, y, por ende, a pocas víctimas. Todo un género literario de la impunidad.
“La Procuraduría, en su calidad de oficina especializada en el delito de trata y explotación de personas del Ministerio Público Fiscal, realiza permanentemente un relevamiento y sistematización de resoluciones judiciales vinculadas a los delitos de su competencia. A partir de ello, identificamos que entre el 1/11/2021 al 1/11/2024, se recopilaron 114 sentencias de Tribunales Federales por el delito de trata de personas”, sostuvo la Protex en su informe de 2024.
Según Marcelo Colombo, titular de la Protex, la línea 145 sigue funcionando en su calidad de call center pero con un fuerte recorte presupuestario que afectó de manera interna el Programa de Rescate, cuya mayor incidencia ocurría en “el territorio”.
El desfinanciamiento resultó subsidiario del encubrimiento a los posibles casos de trata laboral, situación que podría corroborarse al comparar lo sucedido en 2023, con un total de 1941 denuncias.
De ese total, 846 fueron por casos de explotación sexual y 468 por situaciones potenciales de trata con fines laborales. A este dato se le sumaron otras 180 denuncias por posible captación – oferta laboral engañosa.
“La mayor cantidad de modalidades de captación se da a través de medios digitales, tomando el primer lugar las redes sociales, lo que demuestra cómo va creciendo exponencialmente la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo, fundamentalmente, aunque no de manera excluyente, para trabajadores de menor calificación o más vulnerables”, puede leerse en otro informe de la Protex.
Bajo el eufemismo de “modernización del Régimen de Trabajo Agrario”, el Gobierno nacional continúa con sus pretensiones de eliminar ley del peón rural, sancionada en 2011, por pedido expreso de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Tanto Milei como la dirigencia rural anhelan desarmar una legislación que les otorgó a los trabajadores rurales los mismos derechos que los estipuladas en la Ley de Contrato Laboral: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros alcances. Antes de 2011, se regían por una ley de la última Dictadura Cívica Militar.
Fuente: El Destape