Pretende concesionar Corredores Viales con un esquema licitatorio inusual. Contratos de duración indefinida, apenas mantenimiento e incrementos de hasta 200%.
El plan de privatización de rutas nacionales que impulsa Javier Milei presenta tres elementos que podrían generar controversias y afectar el bolsillo de los usuarios: aumentos de peajes entre un 150% y un 200% sobre las tarifas actuales, contratos de duración indefinida condicionados a las propuestas de las interesadas y la falta de obras para ampliar la red vial.
Estos puntos configuran la base del esquema diseñado por el gobierno libertario para la empresa estatal Corredores Viales SA, responsable de 9.145 kilómetros de rutas y autopistas.
Anunciada sin grandes detalles por el vocero presidencial Manuel Adorni a inicios de octubre, la privatización de rutas con peaje comenzó a delinearse recientemente a medida que los equipos técnicos de Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte revelaron, poco a poco, los planes de la gestión libertaria.
Junto con empresas como Intercargo, Enarsa, AySA, SOFSE, Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina; Corredores Viales integrará la lista de entidades “privatizables” de la ley de Bases y será ofrecida a operadoras privadas en 13 unidades de negocio.
El primero es el esquema tarifario, las tarifas actuales, de $1.200 por peaje, seguirán vigentes hasta que las nuevas operadoras terminen las obras mínimas de rehabilitación, con ajustes mensuales basados en la inflación, precios mayoristas y salarios del sector.
Luego, se aplicarán los nuevos cuadros tarifarios, que serían entre un 150% y un 200% más elevados.
El modelo sólo establecerá un “techo tarifario” para cada tramo; los operadores que ofrezcan precios por debajo del límite tendrán más chances de adjudicación. Las tarifas, además, se actualizarán automáticamente cada tres meses.
Duración indefinida de las concesiones
El segundo punto controversial es la ausencia de un plazo contractual definido, que será propuesto por los oferentes en función de sus costos y expectativas de ganancia. Tanto el monto de la tarifa como la duración del contrato serán factores clave en la asignación de los tramos.
El tercer aspecto crítico es el objetivo de las concesiones, limitado a “la conservación, mantenimiento, rehabilitación y explotación de infraestructura vial mediante cobro de peaje”. No están previstas obras nuevas de ampliación para transformar las rutas en autovías o la construcción de carriles de sobrepaso.
De esta forma, los concesionarios sólo estarán obligados a mantener la infraestructura actual, reponer señales y realizar tareas de mantenimiento básico.